RAZONES ECONÓMICAS PARA UNA AUTONOMÍA LEONESA

Por  Julio Rodríguez Lago, Doctor en Ciencias Económicas, Profesor de la Universidad de León (Publicado en la Revista “LEÓN ROMPE CADENAS” en 1996)

El presente artículo pretende aportar reflexiones personales sobre hechos y acontecimientos que han condicionado la evolución socioeconómica experimentada por la provincia de León en los últimos quince años, tomando como marco de referencia la situación existente antes y después de implantarse en España el Estado de las autonomías. A este respecto, sabido es que desde 1983 la provincia de León se incorpora, de manera forzada y sin argumentos racionales, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Instrumento muy útil para efectuar este balance socioeconómico son los prestigiosos y reconocidos informes bianuales que sobre la Renta Nacional de España y su Distribución Provincial elabora con notable acierto y rigor el equipo de especialista integrante del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), pues en los mimos se aportan dato objetivos que resultan muy aleccionadores para conocer con detalle y precisión las tendencias de bienestar correspondientes al conjunto de las cincuenta provincias españolas.

Si se toma como punto de partida el año 1981, la provincia de León disfrutaba de un grado intermedio de desarrollo, evidenciado, entre otros parámetros, por ocupar el puesto 23 en cuanto a renta familiar disponible por habitante. En opinión de los expertos del BBV, este criterio es el que mejor refleja la realidad del nivel de vida atribuible a los ciudadanos de un determinado territorio. Doce años más tarde, en 1993, la provincia de León había descendido hasta el lugar 37, perdiendo 14 posiciones en el ranking global de bienestar. El dato es contundente y muy preocupante, alertando con toda crudeza sobre la situación progresiva de deterioro generalizado que sufre la economía leonesa.

Esta transición hacia lo negativo se ha visto asimismo respaldada por el comportamiento desfavorable que ha experimentado el crecimiento de la producción general de bienes y servicios (Producto Interior Bruto), pues la tasa de aumento de tan importante magnitud económica ha registrado alzas que nos sitúan por debajo de la media española, llegándose a encasillar León dentro del bloque de provincias deprimidas.

Las noticias de coyuntura disponibles a principios de 1996 presagiaban, sin riesgo equívoco, un panorama a corto y medio plazo más sombrío y desalentador que encuentra su más firme evidencia en la creciente falta de oportunidades de empleo. He podido comprobar personalmente la imposibilidad de colocación para los más de 100 economistas que por término medio se licencian cada año en la Universidad de León, atreviéndome a pronosticar que el panorama no resulta muy distinto para el resto de universitarios leoneses.

Las principales empresas asentadas en la provincia, caso de Minero Siderúrgica de Ponferrada, Hullera Vasco Leonesa, Coto Minero del Sil, Endesa, Antibióticos, Aceros Roldán, Vidriera Leonesa, Cementos Cosmos, Continente o El Corte Inglés, junto con la no menos relevante y meritoria actividad productiva desarrollada por el pequeño empresariado, no tienen capacidad suficiente para emplear, entre otros, a los titulados en Derecho, Veterinaria, Biología, Ingeniería Agraria, Industrial o de Minas que año tras año se gradúan en centros universitarios de León. Para los estudiantes de Formación Profesional y para todos aquellos trabajadores que, habiendo perdido su ocupación tradicional necesitan recolocarse, el horizonte no es tampoco nada optimista, y de no ser así que públicamente se desmienta. La búsqueda de trabajo en otras provincias y el aumento del número de pensionistas son la cruz de la situación descrita, hasta el punto de que en los momentos actuales uno de cada tres leoneses vive del cobro mensualizado de una pensión, lo cual es síntoma inequívoco de contar con una población en exceso envejecida.

Bajo este contexto, la pregunta que surge de inmediato es ¿quién ha contribuido a semejante situación? Desde mi punto de vista, la respuesta requiere considerar un doble frente de responsabilidades. En primer lugar, aparece la Administración Central, pues en el plazo de tiempo analizado no ha modernizado, a diferencia de otras vías de comunicación del país, carreteras claves que atraviesan y enlazan la provincia de León con el resto del Estado español. En la última década sólo se han construido 4 escasos y conflictivos kilómetros de doble vía en la provincia leonesa (tramo León-La Virgen del Camino). El desdoblamiento de la N-VI a su paso por La Bañeza, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo y las autovías León-Benavente y León-Astorga siguen siendo asignaturas pendientes del Ministerio de Obras Públicas. Cualquier ciudadano leonés que haya transitado por la cornisa cantábrica, el valle del Ebro o el arco mediterráneo habrá podido comprobar la veracidad de esta marginación. Los tímidos movimientos de tierras que se han comenzado a realizar en la N-VI no cambian el diagnóstico, pues de muy poco vale contratar la ejecución de la obra si luego se presupuestan cada año cantidades muy pequeñas para afrontar su ejecución.

Perjudicial y lesiva para el bienestar de la provincia ha resultado, asimismo, la política practicada por el Ministerio de Industria y Energía en el sector de la minería del carbón, pilar básico de la economía leonesa, pues desde 1990 ha puesto en práctica una drástica y severa reconversión que se está saldando con numerosos cierres de minas, aún cuando en León se extraen las toneladas de carbón a costes mucho más bajos que en otras áreas productoras del país. El agravio con la minería estatal asturiana es manifiesto, pese a contar la provincia leonesa con mejores yacimientos. El Bierzo y la cuenca Sabero-Cistierna son ejemplos válidos de semejante política ministerial, sin que hasta la fecha exista un compromiso serio y decidido para crear puestos de trabajo alternativos que permitan compensar el declive de las comarcas minera. El Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, que pone en marcha la tercera reconversión minera, constituye una nueva amenaza para el futuro de todas las zonas productoras de carbón. A este respecto, no es del todo cierta la anunciada disposición anual de 10.000 millones de pesetas para reactivar exclusivamente las cuencas leonesas, ya que en esta supuesta cuantía participarán, según noticias recientes, otras provincias en las que existe minería pública y privada, quedando, con toda seguridad, muy mermada la cantidad final que pueda beneficiar a los municipios mineros de León. Por otra parte, no han sido ajenos al ocaso provincial los acuerdos desventajosos que en materia agrícola se tuvieron que negociar entre España y la Comunidad Europea con el fin de facilitar nuestra incorporación a la élite de naciones modernas, si bien es justo reconocer que estas desafortunadas negociaciones han perjudicado, en mayor o menor medida, a toda la agricultura y ganadería española y no sólo al sector primario leonés.

No obstante, y en lo que sería un segundo foco de responsabilidades, entiendo que los perjuicios y discriminaciones señaladas se han agravado por razones derivadas de incluir a la provincia en la actual Comunidad Autónoma, pese a tener una identidad histórica y cultural que bien le hubiera permitido disfrutar de su propio autogobierno. Tëngase en cuenta que territorios como Murcia, Cantabria y La Rioja, aún reuniendo menos razones objetivas, se han convertido en autonomías. El hecho de formar parte de un espacio pluriprovincial ha ocasionado que los problemas económicos de León no se hayan defendido desde instituciones genuínamente leonesas, hasta el punto que buena parte de las funciones de gobierno y la exposición de los intereses provinciales ante las Administraciones central y europea han pasado a ser atribuciones asumidas y centralizadas por Valladolid. La pérdida de esta representatividad política se ve agravada por cuestiones financieras, ya que si León fuera Comunidad Autónoma recibiría y gestionaría por sí misma los fondos transferidos tanto por el Estado (Madrid) como por la Unión Europea (Bruselas), pudiendo decidir sobre el mejor destino de tales recursos.

Por citar un caso evidente, la mejora de las carreteras que vertebran la provincia sería adoptada desde las instituciones leonesas, sin necesidad de que esta decisión dependa o sea autorizada por terceros a los que poco afecta el trazado y el estado de conservación de la red viaria de León. Léase, entre otras, comunicaciones entre Ponferrada y Villablino, Villablino y Riaño (eje subcantábrico) carretera León-Cármenes, recorridos que articulan los pueblos pertenecientes a los valles de Sajambre y Valdeón o las vías que conducen hasta la comarca de La Cabrera. Es obvio que esta autonomía gestora abarcaría todas las competencias relativas a industria, comercio, turismo, agricultura, medio ambiente, sanidad, bienestar social, educación y cultura que gradualmente el Estado ha ido transfiriendo a los distintos gobiernos regionales.

Precisamente, esta cuestión obliga a preguntarse si la provincia leonesa recibe, vía presupuestos de la Junta de Castilla y León, la cantidad de dinero que le corresponde en base a los criterios distributivos que habitualmente se manejan para este fin, como son población, superficie, aportaciones provinciales a los capítulos de impuestos directos e indirecto, renta per cápita, saldo migratorio, PIB agrario y otros parámetros afines.

En un estudio que he realizado tomando como referencia los presupuestos elaborados por la Junta para 1995 y 1996, que en ambos casos sobrepasan los 225.000 millones de pesetas, León percibe una cantidad de dinero inferior a la que en principio tendría derecho si fuera autonomía uniprovincial. Para que el lector de este artículo se pueda hacer una idea, la cantidad de menos que se recibe supera los 15.000 millones de pesetas anuales, cifra que de ser disponible contribuiría de manera muy decisiva a combatir el progresivo empobrecimiento que sufre la provincia de León, dado que son recursos más que suficientes para paliar, entre otras necesidades, la modernización de las explotaciones agrícolas y ganadera, la construcción de centros universitarios en El Bierzo, la terminación del aeropuerto civil de la Virgen del Camino o la aceleración de las obras correspondientes a la autovía León-Burgos. Quien no estuviera de acuerdo con estos datos debería rebatir, estando por mi parte dispuesto a demostrar más detalladamente la veracidad de tales magnitudes.

Por otro lado, los perjuicios de integrar la Comunidad Autónoma de Castilla y León se hacen patentes en cuestiones relativas a la aparición de una nueva capitalidad, en este caso asumida por Valladolid, que actúa en detrimento de León pues ha nacido una tendencia a ubicar en la ciudad vallisoletana sedes institucionales (servicios administrativos, acuartelamientos militares, zonas de mando de la Guardia Civil) y empresariales (Renfe, Telefónica, entidades financieras, compañías eléctricas) que impiden rentabilizar la posición estratégica de León en la geografía del noroeste español. En la vertiente de las telecomunicaciones, han sido ya varios los altos cargos de Telefónica reconociéndome en este aspecto. Comportamientos de esta índole suponen un traslado de nóminas y de rentas que, al combinarse con un trato presupuestario más favorable, terminan potenciando el bienestar de ciertas provincias en detrimento de otras. Si nos atenemos de nuevo al índice de la renta familiar disponible por habitante, considerado por el BBV un indicador ideal para medir el efecto de la crisis en los hogares españoles, es llamativo comprobar que en 1981 sólo superó a León (puesto 23) una de las nueve provincias que actualmente configuran la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se trataba de Valladolid con el puesto número 17. Doce años más tarde, en 1993, León ha pasado a ocupar el último lugar dentro del contexto autonómico. Esto significa que ninguna provincia de Castilla y León, exceptuando León, está por debajo del puesto 37.

Como ideas finales, entiendo que resulta obligado resaltar la mejora en bienestar que han logrado en este intervalo temporal algunas autonomías uniprovinciales, caso de La Rioja (13 al 7) y Navarra (14 al 5), desmitificando este hecho la inviabilidad que determinadas fuentes han querido atribuir a este tipo de Comunidades Autónomas. Valore la opinión pública leonesa las razones expuestas, y tenga presente que la situación descrita no se corrige otorgando a León un centro de arte contemporáneo. Los problemas analizados exigen medidas de mucha mayor envergadura y calado que no deben excluir la posibilidad de regir nuestros propios destinos.

SAMA-VELILLA: RAZONES DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA INNECESARIA

Por Julio Lago Rodríguez, Profesor de la Facultad de Económicas Universidad de León

Asistimos, desde hace meses, a un debate permanente sobre la necesidad de construir una gigantesca línea de alta tensión, denominada Sama-Velilla, entre Asturias y Palencia a lo largo y ancho de la montaña central y oriental leonesa.

La polémica ha surgido porque este macro tendido requiere instalar torres metálicas de una altura similar al edificio Faro de Trobajo del Camino cada 500 metros a lo largo de 120 kilómetros, 80 de ellos en territorio de la provincia de León. Una auténtica barbaridad. Los promotores del proyecto, el gobierno autonómico asturiano y la empresa Red Eléctrica de España (REE), argumentan que la línea es necesaria para evitar problemas de evacuación y de suministro eléctrico en Asturias y en España, alertando incluso sobre los peligros, léase apagones y colapsos, que conllevaría no ejecutarla. Veamos que hay de cierto en tales argumentos.

De entrada, habría que conocer la realidad del sistema eléctrico español. Para este propósito son muy útiles y solventes los informes que anualmente elabora REE. Como primer análisis económico se comprueba que España dispone de una capacidad de generación que duplica lo que el país es capaz de demandar incluso en horas punta. Existen más de 90.000 megavatios (MW) de potencia instalada peninsular, mientras que el consumo instantáneo de electricidad nunca ha superado el record de los 45.450 megavatios (MW) que se alcanzó el 17 de diciembre del año 2007. A este respecto es muy aleccionador el comunicado oficial que REE emitió ese día, pues resalta que el sistema eléctrico pudo atender sin dificultad una demanda histórica. Así mismo es la propia REE la que afirma en sus informes periódicos que la calidad del servicio y la seguridad de suministro del sistema eléctrico español es alta, plenamente satisfactoria, aunque la potencia instalada nunca esté operativa o disponible al 100%, ya sea por falta de agua y viento que hagan funcionar los embalses y los parques eólicos o por razones de mantenimiento y averías puntuales que puedan sufrir las centrales térmicas alimentadas por uranio, carbón y gas natural.

Así lo ha ratificado el ministro Miguel Sebastián en su comparecencia de la Comisión de Industria, véase el diario de sesiones, del 31 de julio de 2009 en el Congreso de los Diputados, no siendo pocos los organismos y expertos que coinciden en este dictamen. Honorato López Isla, hasta fechas muy recientes consejero delegado de Unión Fenosa, hoy fusionada con Gas Natural, y quizás uno de los directivos con más prestigio dentro del sector, ya advertía en junio de 2007 el exceso de potencia instalada, llegando incluso a señalar que funciona, de media, al 50% de su capacidad. Un diagnóstico de sobrecapacidad que ha sido reconocido en fechas más recientes, entre otros, por Céntrica Energía, una de las principales empresas comercializadoras del país, y por el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMEL).

Resulta evidente que la oferta de generación ha crecido más que la demanda eléctrica. Una demanda eléctrica que, si se consultan de nuevo los informes de REE, viene experimentando incrementos decrecientes desde el año 2003. Un dato silenciado por quienes postulan la ejecución de la línea. Bajo este escenario energético plantear, como hace Asturias, la necesidad de la Sama-Velilla porque es preciso dotar de más capacidad eléctrica al sistema no tiene fundamento. Como no tiene fundamento argumentar que Asturias está en riesgo de colapso por la falta de esta línea. De nuevo, si se consultan los informes de REE se comprueba que el sistema eléctrico asturiano ofrece niveles de calidad plenamente satisfactorios, medidos tanto por el indicador de energía no suministrada al sistema (ENS) como por el indicador de tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte.

No son, por tanto, objetivas las razones técnicas esgrimidas para justificar este tendido ni la puesta en marcha de nuevas centrales eléctricas, hasta cinco alimentadas por gas natural, en la comunidad autónoma vecina. Poco hemos aprendido del grave empacho de ladrillo y de sus nefastas consecuencias para la economía española por haberse saturado, sin una verdadera necesidad, la construcción de viviendas. En todo caso, en el futuro, de ser necesario, la ubicación de nueva capacidad de generación tendría que orientarse hacia regiones del país con déficit permanente entre producción y consumo eléctrico, caso de Madrid, Valencia, Cataluña, País Vasco y Cantabria.

Sería mucho más sensato planificar de esta manera. Ahorraría la realización de costosas líneas de muy alta tensión, las pérdidas en el transporte de kilowatios y los fuertes impactos medioambientales. Así lo ha aconsejado en febrero de 2008 Victoriano Casajús, ex director general de REE. Incluso así se recoge como postulado fundamental en el nuevo modelo energético para España diseñado por la Fundación Ideas del PSOE.

Cabe preguntarse qué sentido tiene programar la construcción de más equipamiento eléctrico en zonas que pueden distar 400 o más kilómetros de las áreas de consumo, máxime cuando regiones del país con importante déficit eléctrico disponen de plantas regasificadoras infrautilizadas que bien podrían abastecer, de ser necesario, la instalación de nuevas centrales de gas natural. Son los casos de Barcelona, cuya planta regasificadora se utiliza al 43% de su capacidad nominal, Bilbao, empleada al 67%, y Sagunto, al 80%. Una situación de no pleno aprovechamiento de las infraestructuras gasistas que también se detecta en el resto de plantas regasificadoras ya existentes: Huelva al 42%, Cartagena al 35% y Mugardos (La Coruña) al 47%. Ante esta realidad resulta difícil entender la insistencia en construir una más, en el puerto de Gijón, cuando el funcionamiento de las ya operativas ofrece los niveles de utilización antes apuntados. El despropósito, por no introducir un mínimo de racionalidad económica en la planificación energética, puede ser mayúsculo. El diagnóstico es claro. Se están empleando argumentos falsos para justificar un macro tendido eléctrico innecesario, muy agresivo para unas comarcas de montaña que tienen en el medioambiente, en su patrimonio natural, su primer recurso económico. Resulta obligado constatar, manejando datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que en agosto de 2009 León se ha convertido en el quinto destino español por turismo rural. Un logro que tendría que hacer reflexionar sobre los daños, irreparables, que causaría la Sama-Velilla a las posibilidades de desarrollo de la montaña central y oriental leonesa.

Queda fuera de toda duda que el proyecto encierra mayúsculas falsedades. Tantas como decir que el impacto ambiental de una línea eléctrica como la descrita pueda calificarse de moderado.