Al igual que la entrada sobre La Galliguera (http://losrugidosdeleon.blogspot.com/2011/04/la-galliguera-dice-no-al-pantano-de.html), éste es un "rugido" aragonés en el que si cambiamos los nombres de los pueblos aragones por los leoneses, la situación retratada es perfectamente exportable a nuestra tierra y a todas las tierras que soportan la especulación de algunos disfrazada de "bien común", claro que el mayor problema es ¿hasta cuando aguantará el planeta azul las barbaridades del "rey de la creación?
Por Pedro Arrojo Agudo, Profesor del departamento de análisis económico de la Universidad de Zaragoza
Los gobiernos no pasan página con la política hidráulica.
Me desmoraliza la incapacidad de nuestra clase política para abrirse al siglo XXI y pasar página en materia de aguas. Han transcurrido dos décadas desde que se firmó el Pacto del Agua y aún sigue siendo un tabú arrojadizo en vísperas electorales. Jánovas fue desestimado por el Gobierno del Sr. Aznar; Santaliestra fue ilegalizado por los tribunales; el Gobierno de Zapatero descartó el embalse de Torre del Compte; mientras las obras realizadas, como los embalses de Lechago, el Val y Montearagón o los bombeos de la Tranquera y Beceite, que costaron cientos de millones de euros, han supuesto vergonzosos fracasos de los que nadie quiere hablar.
En vísperas de las elecciones toca una vez más hablar de Biscarrués. Afortunadamente se abandonó el proyecto de 190 hm3 que hubiera hecho desaparecer el impresionante cañón de los Mallos de Riglos. Se pretendía regular caudales para unas 30.000 nuevas hectáreas de riego en Monegros, sin explicar que el cuello de botella estaba en la capacidad de transporte de los canales existentes. Eso sí, se habrían producido suculentos beneficios hidroeléctricos y caudales regulados para el trasvase del Gobierno del Sr. Aznar.
Tras la derogación del mismo se creó la Comisión del Agua en Aragón, abriéndose un proceso de diálogo sin precedentes, con una encomiable labor de intermediación dirigida por D. Ignacio Celaya. En Biscarrués se consiguió validar técnicamente un amplio número de actuaciones alternativas, desde una comisión de expertos de la CHE y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se constató que el cuello de botella de los canales solo puede eludirse regulando los propios polígonos de riego.
A las opciones sugeridas por la Fundación, la CHE añadió otros posibles emplazamientos de balsas de regulación que se llenarían en invierno, cuando los canales están baldíos. Todo estaba listo para un nuevo acuerdo por consenso que hubiera satisfecho a los regantes sin destruir el floreciente turismo de aguas bravas de la Galliguera. Sin embargo, la proximidad de nuevas elecciones llevó a la DGA (Diputación General de Aragón) a exigir una pieza de regulación en el el Gállego, aunque fuera menor, que siguiera llamándose Embalse de Biscarrués, a fin de evitar previsibles ataques del PP con el Pacto del Agua en la mano.
El estudio de los caudales diarios del Gállego en la zona durante los últimos 60 años nos ha permitido constatar que el volumen de esas puntas apenas supondría en media 2,5 hectómetros cúbicos anuales. Si ese fuera realmente el objetivo de la presa, el coste de amortización del capital a invertir nos llevaría a 2,5 euros por metro cúbico para riego en esos años de sequía, es decir cinco veces el coste de desalar agua de mar... Si usamos la capacidad de regulación de la presa de forma regular y no solo en años de sequía, el coste se elevaría a 0,17 euros/m3. Si se asumiera el desvío de costes que se prevé como mínimo en este tipo de proyectos (30%) y se compensara el impacto sobre la facturación de las empresas de aguas bravas (se inundaría la zona de rafting), el coste se elevaría a 0,23 euros/m3, frente a los 0,02 euros/m3 que se paga en Riegos del Alto Aragón.
Con esos caudales se podrían regar unas 3.700 hectáreas, lo que supondría apenas 60 puestos de trabajo. Por otro lado, se pondría en riesgo el desarrollo turístico de la Galliguera que sustenta, sin subvenciones, cien puestos de trabajo directos y 200 indirectos.
Pero lo cierto es que el objetivo central del embalse no es el regadío, ni la regulación de crecidas, sino la producción hidroeléctrica. Con un agravante, a mi entender escandaloso: la expectativa de asignar los beneficios hidroeléctricos a los regantes, a través de una encomienda de gestión del salto. Tal pretensión, secreta hasta la fecha, ha sido finalmente reconocida de forma pública por el Sr.Trillo, Presidente de Riegos del Alto Aragón.
Si lo que realmente interesara fuera la explotación familiar en el regadío monegrino habría alternativas más eficaces y baratas, oficialmente validadas en la Comisión del Agua, como la retirada de superficies salinizadas; las baterías de pozos de sequía sobre el acuífero del Bajo Gállego; la flexibilización de la gestión del embalse de la Peña para captar crecidas o la colocación de una estación de bombeo en el embalse del Grado. Todas ellas con un menor coste por metro cúbico de agua que el proyecto de Biscarrués. En los tiempos que corren, más nos valdría emplear mejor el escaso dinero público que nos quede tras paliar los entuertos de los ejecutivos bancarios.
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