La cuestión de la Autonomía Leonesa

Por  Héctor Villazala Alonso (publicado en el nº 3, de febrero de 2020, de “La Hacendera”, Revista de la Montaña Oriental Leonesa)

La cuestión de la autonomía leonesa no es un tema nuevo, pero ha cobrado especial relevancia por el contexto sociopolítico en que se produce. Y es la única cuestión en la por ahora todos los partidos con sede central en Madrid coinciden en mostrarse unánimes al rechazarlo. El discurso central reciente en que transcurre la reclamación autonómica se fundamenta en la despoblación, pérdida de riqueza económica y subdesarrollo frente al resto del estado y en especial a la evolución del solar castellano, que gana peso demográfico y económico año tras año. Esta realidad ya se intuía como previsible al comienzo de las autonomías. Pero entonces el mensaje central era el identitario y que ser diferentes a los castellanos traería mala gestión y por lo tanto pérdida de riqueza al ser capitalizados por Castilla y no ser parte de su realidad.

¿Y en que nos diferenciamos? Partamos por ejemplo del modelo poblacional y organizativo: tenemos los concejos, con regulación autónoma y sobre todo (muy importante) con bienes comunales tanto en tierras como inmuebles. Es materialmente imposible recorrer apenas siete kilómetros sin encontrarnos con una población ni atravesar un río; comparemos estos hechos con los de Castilla y veremos las diferencias. Por ello, las políticas de inversión y gestión no pueden ser las mismas para un vecino de Puente Almuhey que para otro de Olmedo o Briviesca. Pero se nos homologa a todos por igual. O ni siquiera. Las inversiones estratégicas se concentran en el triángulo castellano (Burgos-Palencia-Valladolid), en detrimento de las provincias leonesas. Y como no hay conciencia identitaria ni de comunidad, se han desarrollado una ingente cantidad de fundaciones, entidades e incluso sellos de calidad alimenticios con gastos opacos, posible malversación de fondos y resultado nulo.

Quienes quieren perpetuar esta comunidad autónoma, acuden a cuatro clases de argumentos: el primero, ejemplifican el caso leonés con el actual catalán, cuando no tienen nada que ver. El segundo es el legal, diciendo que es “inconstitucional”, cuando es cuestión de voluntad política y no de cambios jurídicos inasumibles. La tercera es la económica, acusando de victimismo y augurando una pobreza económica en contraste con datos de producción automovilística y peso industrial que realmente se macro-concentran en el triángulo castellano. La cuarta es la mala gestión por décadas de gobierno del Partido Popular, siendo en realidad esos mismos críticos quienes les han votado y apoyado en esas acciones.

El impacto que ha supuesto este modelo territorial en la Montaña Oriental es evidente. Desde el fin del carbón, tan solo el sector primario y el turístico parecen ser las únicas salidas viables, de mínimos. Pero es imposible que tenga un peso digno para un gobierno castellano que rige sobre 9 provincias en que se priman siempre unos sectores económicos frente a otros, y que no tiene en cuenta nuestra realidad demográfica ni económica. Esto se traduce en despoblación, y con ello pérdida en relevancia política, siendo lo siguiente el desmantelamiento en los servicios más básicos. Burgos, con similar extensión a León y menos población, dispone de dos hospitales comarcales, Aranda de Duero y Miranda de Ebro ¿De qué servicios sanitarios dispone Cistierna? ¿A cuánta gente debería atender y dónde son atendidos realmente? ¿De quién son las competencias en sanidad?

La autonomía leonesa puede y debe ser un modelo de gestión de lo leonés, de una realidad diferente en la práctica totalidad de órdenes respecto a nuestros convecinos. Entender ese hecho es clave para entender no solo nuestro presente, sino también plantear un futuro digno y de calidad para todos.