EL FUTURO DEL REINO DE LEÓN

Por Alicia Valmaseda Merino

Hace años escuché una frase que, dejando aparte su contenido jocoso, encierra una gran verdad: “Me preocupa el futuro porque pienso pasar en él el resto de mi vida”.

Cualquier estudio, comentario u obra sobre León, sobre el Reino de León, sobre el País Leonés debe conocer el pasado, ser muy consciente del presente pero, sobre todo, debe planificar y construir un futuro esperanzador para todos.

No creo que debo extenderme en hablar del pasado. Los que dejamos atrás la cincuentena, estudiamos, en nuestra ya lejana infancia, las glorias leonesas, tal vez no tan bien como se merecían pero por lo menos supimos de la existencia del primer gran reino cristiano peninsular, del primer Fuero de León (1017) que hace casi mil años reconocía a los leoneses unos derechos impensables para cualquier otro pueblo de aquella época y tan actuales como la inviolabilidad del domicilio y de las primeras Cortes Europeas (1188) a las que, además del clero y la nobleza, asistieron representantes de las villas y ciudades del reino, embrión de las actuales cortes democráticas y que fueron también un avance impensable para su época pues además de ampliar el Fuero de León, promulgaron leyes tendentes a proteger a los ciudadanos de los abusos de poder del clero, de la nobleza e incluso del propio rey.

El presente es mucho más desolador, todo cuanto suene a leonés es silenciado, negado e incluso menospreciado y cuando se trata de hablar de los grandes hitos de la historia leonesa se trata siempre de falsearlos con un nuevo marchamo de “castellano-leonés” que nunca existió. Se enseñan a nuestros hijos mentiras y medias verdades (más peligrosas aún que las primeras) y se trata, por todos los medios, de anular la identidad leonesa.

Sin embargo, el futuro puede y debe ser esperanzador. En nuestras manos está el conseguirlo. La actual situación política no puede continuar. Cuando se proclamó la Constitución de 1978 se concedía derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones existentes en aquel momento. No entraré a discutir el término nacionalidad, si partimos de la realidad entonces existente, España se hallaba repartida en regiones siguiendo la división territorial de Javier de Burgos (1833) según la cual el Reino de León estaba formado por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Esta es la única realidad que podía conducirnos a la autonomía, a una autonomía leonesa. Sin embargo con métodos caciquiles, propios de la recién terminada dictadura, el Reino de León se integró en una autonomía denominada de “Castilla y León” lo que, en palabras recientes de alguna procuradora socialista, significó que “León tuvo su oportunidad y la perdió por los caciques”, afirmación cuando menos pintoresca en boca de alguien que se denomina “de izquierdas” pero perfectamente comprensible cuando se oye decir desde el mismo partido que “el mapa autonómico está cerrado y bien cerrado” lo que nos trae reminiscencias del “atado y bien atado” de la dictadura.

Pues ni la dictadura estaba tan atada ni el mapa autonómico está tan cerrado. Nada es imposible en derecho que además nos enseña que los vicios de origen son invalidantes y no pueden subsanarse por el paso del tiempo. Esto es algo que ningún leonés debe olvidar. La Comunidad en que nos encontramos es anticonstitucional y ningún Estatuto puede modificar y “santificar” dicha situación.

Esta absurda comunidad en que estamos fue totalmente antidemocrática desde su nacimiento y continua siéndolo puesto que cuantas más competencias va recibiendo, más se va centralizando. El estado de las autonomías que nos “vendieron” como un acercamiento de la administración al ciudadano, al menos en esta comunidad birregional, ha fracasado estrepitosamente puesto que, en lugar de descentralizar servicios aquí se centralizan, curiosamente en una comunidad más grande que muchos países europeos con los consiguientes perjuicios para los administrados.

Sería suficiente que, en vez de hacer una revisión del actual Estatuto de Autonomía, se fijara un periodo transitorio durante el cual la actual Junta de Castilla y León se desdoblara en Junta de Castilla y Consejo General del Reino de León. Los presupuestos generales de la Comunidad se repartirían proporcionalmente al número de habitantes de cada una de las dos comunidades resultantes, estableciéndose además una serie de compensaciones por todas las inversiones no realizadas en territorio leonés durante los 23 años de la actual autonomía. Los leoneses tenemos derecho a cobrar la deuda histórica que tiene con nosotros la Junta. (Bien sé que es ridículo llamar histórico a algo que data de 1983, pero eso es lo que pretenden los políticos que la gobiernan, llamar histórica a esta Comunidad que existe hace 23 años).

Cierto es que hay comentarios para todos los gustos y, sobre todo por parte de aquellos cuyos sueldos dependen de la administración autonómica, quien dice que una autonomía resultaría muy cara hasta quien afirma que cualquier autonomía que tenga menos de 6 millones de habitantes es inviable. Sin embargo sería interesante que todos ellos mirasen un poco a su alrededor tanto en España como en Europa.

Para empezar, lo que es realmente caro es pagar a quien no defiende su tierra, no cumpliendo, por tanto, con su obligación. Tenemos autonomías de todos los tamaños y si son viables autonomías uniprovinciales, biprovinciales, triprovinciales, etc. ¿por qué no es viable la autonomía leonesa? ¿Acaso los leoneses somos más tontos o más ignorantes que el resto? Por otra parte si una Autonomía como La Rioja es viable con 250.000 habitantes y un país como Luxemburgo es viable con 600.000 habitantes ¿cómo puede decirse que una comunidad autónoma de un millón de habitantes es inviable?