VIVIMOS EN FRAUDE DE LEY CONSTITUCIONAL

Por Miguel Ángel de Diego Núñez, Candidato en Salamanca por el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)

Exacto. Vivimos en fraude de ley constitucional en esta comunidad autónoma mixta y etnocida. Sí, son palabras gruesas que a primera vista parecen increíbles. Pero, realmente, vivimos desde 1983 en fraude de ley constitucional, violándose día tras día los principios y normas explícitas de nuestra Carta Magna.

Para comprender esta situación debemos remontarnos a 1978 y a la Constitución misma, a los acuerdos de las cúpulas de los improvisados –o no tanto- partidos políticos ‘mayoritarios’ realizados de espaldas a la ciudadanía, que en nuestra tierra tuvieron como consecuencia la creación ex-novo y provisionalmente por el Consejo de Ministros de la ‘preautonomía’ en junio de 1978, mediante la creación del ‘Consejo General de Castilla y de León’ –reconociendo explícitamente que ninguna de las dos regiones son uniprovinciales al referirse a las ‘provincias que las integran’-. El órgano ‘preutonómico’ sumaba representantes de 11 provincias.

Como afirmara por entonces el redactor del decreto, Francisco de Vicente Domínguez, senador de UCD por Salamanca, el Reino de León está constituido por las provincias de Salamanca, Zamora y León. Y así está reconocido por la división provincial de 1812 (Ranz-Espiga), la de noviembre de 1833 y la normativa constitucional de la II República (al establecer la composición del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1933).

La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y preveía la anulación de toda disposición contraria a la misma. Sus principios son absolutamente claros: ‘proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones’ (preámbulo), ‘propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político’ (artículo 1) y ‘reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones’.

Es evidente que ni siquiera han llegado a cumplirse estos objetivos contenidos en las dos primeras páginas de la Constitución Española, el pueblo leonés y la región leonesa se han visto sometidos a una discriminación manifiesta, constituyendo la única región española y el único pueblo de España a los que se ha impedido el acceso al autogobierno y a la autonomía.

La existencia misma de la comunidad autónoma híbrida de Castilla y León representa una violación ‘apriorística’ del artículo 145.1 de la Constitución en el que se establece que ‘En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas’. Dado que cada pueblo de España y cada región española tienen garantizado el derecho a la autonomía, negárselo al País Leonés supone una discriminación inaceptable y una violación del principio de igualdad.

La constitución republicana de 1931 preveía para la aprobación de los estatutos de autonomía una sanción favorable del mismo por dos tercios de la población afectada en un plebiscito convocado al efecto. En la Región Leonesa y en Castilla la Vieja jamás se ha procedido a convocar un referéndum que permitiese conocer los deseos de la población de estas dos regiones en materia autonómica (y en especial respecto a su composición territorial).

Sin embargo, las manifestaciones contrarias a este engendro convocadas y realizadas tanto por castellanos (santanderinos, riojanos, segovianos) como por leoneses (en León, Zamora y Salamanca), así como la negativa de Segovia a pertenecer al mismo, suponen que se ha producido una auténtica imposición de un mapa autonómico flagrantemente anticonstitucional.

La aculturación impuesta a leoneses y castellanos desde el poder político, junto con la marginación de la lengua, la cultura y la identidad leonesa de las tres provincias, supone un etnocidio denunciado desde organizaciones culturales, científicas y políticas leonesas.

La misma situación económica de subdesarrollo por la que atraviesa el País Leonés, manifestado ya en los años 70, junto con lo arriba expresado implica una violación del artículo 138.2 de nuestra constitución por cuanto explicita que ‘Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’. La sangrante realidad autonómica del País Leonés condena al Pueblo Leonés, en las tres provincias de Salamanca, Zamora y León, a una desertización galopante, al desmantelamiento de sus infraestructuras ferroviarias, a la eternización de la construcción de la red de vertebración de la región leonesa mediante la autovía Ruta de la Plata –finalizada ahora en 2015, tras cuarenta años de iniciada la transición democrática-...; el desvío a Castilla y Valladolid de las ayudas económicas europeas concedidas para contribuir al equilibrio económico entre las regiones europeas, que debían beneficiar al País Leonés, nos sumergen aún más en el abandono.

Ahora, en periodo electoral, los que ya llevan 40 años -los mismos que duró la dictadura franquista- aplastando a la Región Leonesa y al Pueblo Leonés nos prometerán el oro y el moro y el paraíso perdido. Los que denunciamos a derecha e izquierda sus maniobras y pactos contra el Pueblo Leonés volveremos a decir bien alto las verdades del barquero a las que pretenden poner sordina con sus altavoces, imágenes y barullos.

Pedimos el voto a los salmantinos, a los zamoranos y a los leoneses para hacer oír una voz discrepante y razonada en las ciudades y en el parlamento autonómico, una voz regionalista leonesa independiente, con raíces en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad, teniendo muy presente lo que ya afirmara Juan Beneyto en 1980: ‘la inclusión de León, vieja región y aun nacionalidad, en Castilla la Vieja, ha sido impuesta contra una opinión extendida y una acción democrática organizada’.